Examen Oficial test Gestión Procesal PI 2017

• En todo caso a la pena legalmente prevista para la persona física, aun cuando el procedimiento se dirija exclusivamente contra una persona jurídica.
• A la pena legalmente prevista para la persona jurídica, cuando la causa se dirija exclusivamente contra personas jurídicas.
• Indistintamente a la pena legalmente prevista para la persona física o para la persona jurídica, cunado la causa se dirija contra personas de ambas clases.
• La gravedad de la pena legalmente prevista para un delito no es nunca criterio para determinar el juzgado competente para conocer del mismo.

• Exclusivamente a las asociaciones de consumidores y usuarios que, conforme a la Ley, sean representativas.
• Exclusivamente, a los grupos de afectados.
• A las entidades legalmente constituidas que tengan por objeto la defensa o protección de éstos.
• A los grupos de afectados y a las asociaciones de consumidores y usuarios.

• A petición de cualquiera de los cónyuges, una vez concluido el inventario y firme la resolución que declara disuelto el régimen económico matrimonial.
• A petición de cualquiera de los cónyuges, en cualquier momento, una vez iniciado el procedimiento de disolución.
• A petición de cualquiera de los cónyuges, sin estar concluido el inventario.
• Por ambos cónyuges de común acuerdo, concluido el inventario y firme la resolución que declara disuelto el régimen económico matrimonial.

¡Cuidado! Esta pregunta fue anulada por el tribunal calificador de la oposición.

• En los supuestos en que la persona o entidad legitimada para pedir la restitución o retorno del menor, tenga nacionalidad española.
• Sólo en el supuesto de que sean aplicables las Normas de la Unión Europea y el menor se encuentre en España, procedente de un Estado de la Unión Europea.
• En los supuestos en que, siendo aplicable un Convenio Internacional o las disposiciones de la Unión Europea, se pretenda la restitución o retorno de un menor, por haber sido objeto de una retención o traslado ilícito y se encuentre en España.
• A todos los supuestos de sustracción internacional de menores que se encuentren en territorio español y hayan sido objeto de retención o traslado ilícito.

• Cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad, sin que pueda apreciarse temeridad a ninguna de ellas.
• No habrá pronunciamientos en costas en estos supuestos.
• Cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad, a no ser que hubiere méritos para interponerlas a una de ellas por haber litigado con temeridad.
• El juez podrá elegir a que parte impone las costas en todos los casos.