Examen Oficial test Administrativos PI 2018

Aquí puede ver el test del primer ejercicio de la convocatoria de Administrativos del Estado Promoción Interna del año 2018

Repasa el examen tipo test correspondiente a la Convocatoria de Administrativos PI de 2018

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La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas regula el trámite de audiencia en el procedimiento administrativo y establece que:

Los interesados, en un plazo no inferior a 10 días ni superior a 30, podrán alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes.
Antes del vencimiento del plazo, el órgano competente puede tener por realizado el trámite si considera, en resolución motivada, que los interesados no podrán efectuar alegaciones ni aportar nuevos documentos o justificaciones.
Será anterior a la solicitud del informe del órgano competente para el asesoramiento jurídico o a la solicitud del Dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma, en el caso que éstos formaran parte del procedimiento.
No se podrá prescindir del trámite de audiencia aun cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenido en cuenta en la resolución otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por el interesado.

De acuerdo con la Ley 39/2015, señale la respuesta correcta en cuanto a los medios y periodos de prueba en el procedimiento administrativo:

El instructor del procedimiento podrá rechazar cualquiera de las pruebas propuestas por los interesados mediante resolución motivada.
Cuando la prueba consista en la emisión de un informe de un órgano administrativo, organismo público o Entidad de derecho público, se entenderá que éste tiene carácter facultativo.
Todo documento formalizado por funcionarios en el que se recoja los hechos constatados por aquéllos harán prueba de éstos salvo que se acredite lo contrario.
Cuando la valoración de las pruebas practicadas pueda constituir el fundamento básico de la decisión que se adopte en el procedimiento, por ser pieza imprescindible para la correcta evaluación de los hechos, deberá incluirse en la propuesta de resolución.

En relación con la iniciación de un procedimiento administrativo, la Ley 39/2015 establece que:

Podrá formular el interesado recurso administrativo contra la decisión de acumulación a otros procedimientos con los que guarde identidad sustancial o íntima conexión.
Los procedimientos de naturaleza sancionadora se iniciarán de oficio o a solicitud de parte interesada.
En el inicio de un procedimiento por denuncia, cuando ésta invocara un perjuicio en el patrimonio de las Administraciones Públicas, la no iniciación del procedimiento deberá ser motivada.
En los procedimientos de naturaleza sancionadora la petición razonada de otros órganos vincula al órgano competente para la iniciación del correspondiente procedimiento.

De acuerdo con la Ley 39/2015, en los procedimientos de responsabilidad patrimonial iniciados por un interesado, en caso de daños de carácter físico o psíquico a las personas, el plazo para ejercer el derecho a reclamar empezará a computarse:

Desde la curación o la determinación del alcance de las secuelas.
Transcurrido un mes desde el hecho causante.
Desde el momento en el que se produjo el hecho causante.
El derecho a reclamar no prescribe.

En los procedimientos sancionadores, el artículo 85 de la Ley 39/2015 establece que si el infractor reconoce su responsabilidad se podrá aplicar reducciones de, al menos, el:

20% sobre el importe de la sanción pecuniaria propuesta.
15% sobre el importe de la sanción pecuniaria propuesta.
25% sobre el importe de la sanción pecuniaria propuesta.
10% sobre el importe de la sanción pecuniaria propuesta.

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