Examen Oficial test Policía Local de Extremadura 2025

¡Cuidado! Esta pregunta fue anulada por el tribunal calificador de la oposición.

• Podría considerarse infracción muy grave, al implicar una ocultación deliberada de la verdadera titularidad del negocio, con posible finalidad de eludir responsabilidades o sanciones previas. La sanción aplicable sería una multa de 30.001 a 600.000 euros, además de la revocación de la licencia por falseamiento de datos.
• No procedería sanción administrativa cuando el nuevo explotador hubiera presentado una comunicación previa o declaración responsable ante el Ayuntamiento, aportando la documentación exigida y cumpliendo los requisitos técnicos de la actividad, aunque el expediente de transmisión aún no hubiera sido formalmente tramitado o resuelto, ya que dicha comunicación se entendería suficiente también a efectos de acreditar el cambio de titularidad de la licencia.
• Constituye una infracción leve, por incumplimiento de las obligaciones formales de comunicación o actualización administrativa, sin incidencia sobre la seguridad, el orden ni las condiciones técnicas del establecimiento. Dicha infracción se sanciona con multa de hasta 3.000 euros, conforme al régimen previsto para faltas leves, y puede corregirse mediante requerimiento de subsanación por el Ayuntamiento.
• Debe calificarse como infracción grave, al tratarse del ejercicio de una actividad pública sin autorización válida o título habilitante actualizado, lo que supone una irregularidad sustantiva en el ejercicio de la licencia. La sanción correspondiente sería una multa de 3.001 a 30.000 euros y la suspensión temporal de la actividad hasta la regularización administrativa.

• La transmisión no será válida, ya que la existencia de cualquier infracción pendiente inhabilita al titular para transmitir la licencia, incluso con resolución firme.
• La transmisión no podrá tramitarse hasta la resolución firme del expediente sancionador, mientras no se haya cumplido la sanción o resuelto el archivo del expediente por falta de responsabilidades; dado que la existencia de un procedimiento abierto impide el cambio de titularidad.
• La transmisión podrá tramitarse, pero surtirá efectos frente a la Administración a los 10 días de la presentación de la solicitud y mientras no se resuelva el procedimiento de inspección, expediente sancionador o de cualquier otro procedimiento de exigencia de responsabilidades y se compruebe que no existen medidas limitativas o sanciones firmes.
• La transmisión se considera automáticamente aceptada, produciendo efectos desde la fecha de la solicitud, salvo oposición expresa del Ayuntamiento.

• Podrá reabrir inmediatamente después del cierre, siempre que cambie la naturaleza de la actividad a cafetería-diurna, ya que la Orden solo limita el horario nocturno y no el matutino.
• A partir de las 10:10 horas, conforme al artículo 4 de la Orden de 16 de septiembre de 1996, que establece una prohibición de apertura antes de las seis horas posteriores al cierre obligatorio para locales de ocio nocturno y cafés-bar en periodo invernal.
• Podrá abrir a las 07:00 horas, en virtud de la excepción recogida en el artículo 5 de la Orden, que permite adelantar una hora la apertura cuando se trate de establecimientos con licencia mixta o con servicio de desayunos.
• A partir de las 08:10 horas, al existir un margen mínimo de cuatro horas entre el cierre nocturno y la apertura matinal de los cafés-bar, según el artículo 3 de la Orden de 16 de septiembre de 1996.

• El titular anterior de la licencia sigue siendo único responsable de todas las obligaciones y sanciones derivadas de la actividad, hasta que se produzca la comunicación formal del cambio de titularidad, con independencia de que la explotación efectiva la realice otra persona, conforme al artículo 21.4 de la Ley 7/2019. El nuevo arrendatario no puede ser sancionado mientras no conste como titular ante la Administración.
• Ambos sujetos son responsables solidarios; el titular anterior, porque mantiene la responsabilidad administrativa plena hasta que se comunique el cambio de titularidad, conforme al artículo 21.4 de la Ley 7/2019, por lo que responderá por las infracciones formales y por la falta de comunicación. El nuevo explotador, porque es quien ejerce de hecho la actividad, respondiendo solidariamente por las infracciones materiales detectadas (horario, aforo, medios sonoros, seguridad y colaboración con la inspección). La Administración podrá incoar expediente sancionador contra ambos, distribuyendo la responsabilidad según su participación.
• Solo el nuevo explotador debe responder de todas las infracciones, al ser el titular efectivo del negocio y beneficiario directo de la actividad económica. El anterior titular queda exento de toda responsabilidad una vez cedido el local, aunque no se haya comunicado formalmente la transmisión, pues su obligación cesa con la firma del contrato de arrendamiento.
• Ninguno de los dos podría ser sancionado, dado que la falta de comunicación del cambio de titularidad se considera una obligación meramente formal, sin incidencia directa en la seguridad, el orden público ni en el desarrollo de la actividad autorizada. Mientras la licencia del establecimiento continúe en vigor y la actividad se desarrolle conforme a las condiciones técnicas establecidas, la ausencia de comunicación no genera efectos sustantivos que justifiquen una sanción administrativa. En este sentido, la Administración solo podría requerir al nuevo explotador para que subsane la omisión y actualice los datos del titular, pero sin imponer sanción alguna, al no haberse producido perjuicio ni alteración de las condiciones esenciales de la licencia. Por tanto, ni el titular anterior ni el nuevo explotador asumirían responsabilidad sancionadora, limitándose la actuación administrativa a la regularización documental de la actividad.

• Infracción muy grave del artículo 56.g), por incumplir medidas de seguridad que suponen un grave riesgo para la salud o la seguridad de personas o bienes, sancionable con multa de 30.001 a 600.000 euros y posible clausura temporal.
• Infracción grave, conforme al artículo 57.b), por incumplir las medidas y condiciones de seguridad establecidas en la normativa aplicable, al no suponer un grave riesgo inmediato para las personas o bienes, sancionable con multa de 1.001 a 30.000 euros.
• Infracción leve del artículo 58.a), al tratarse de una deficiencia subsanable en el estado del local que no comporta riesgo para personas o bienes.
• No constituye infracción, si la obstrucción es parcial y puede retirarse fácilmente, limitándose la actuación administrativa a un requerimiento de subsanación.