Examen Oficial test Tramitación Procesal PI 2022

Aquí puede ver el test del primer ejercicio de la convocatoria de Tramitación Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia Promoción Interna del año 2022

Este test fue realizado de manera oficial en la fecha 08/10/2022

Repasa el examen tipo test correspondiente a la Convocatoria de Tramitación Procesal PI de 2022

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La Ley 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, establece como principio rector, uno de los siguientes:

La detección precoz de la violencia en el ámbito familiar, especialmente sobre la mujer y los hijos e hijas de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios democráticos de convivencia.
La detección precoz de la violencia en el ámbito familiar, especialmente sobre la mujer y los hijos e hijas.
La educación en la prevención de conflictos y en la resolución pacífica de los mismos, en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social.
Garantizar los derechos económicos para las mujeres víctimas de la violencia de género, con el fin de facilitar su integración social.

Según la Ley 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Genero, se establece que estará legitimado ante los Órganos jurisdiccionales para intervenir en defensa de los derechos y de los intereses tutelados en esta Ley en colaboración y coordinación con las Administraciones con competencias en la materia, el titular:

¡Cuidado! Esta pregunta en su redacción original está actualmente derogada.

De la Comisión contra la Violencia de Género.
De la Delegación Especial del Gobierno contra la Violencia sobre la Mujer.
Del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer.
Del Plan Nacional de Sensibilización y Prevención de la Violencia de Género.

Según la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, en relación con la tutela judicial efectiva, establece que la capacidad y legitimación para intervenir en los procesos civiles, sociales y contencioso-administrativo que versen sobre la defensa de este derecho corresponden a:

Únicamente a las personas que hayan sufrido acoso por razón de sexo.
Todas aquellas persona físicas y jurídicas con interés legítimo, determinadas en las Leyes reguladoras de estos procesos.
Únicamente a las personas jurídicas con interés legítimo.
Únicamente a las personas físicas con interés legítimo.

Según el punto 27 de la Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia, en relación con la protección de menores, el menor de edad con suficiente juicio tiene derecho a ser oído en todo proceso judicial. Le corresponde velar por la efectividad de este derecho:

A la Consejería de Justicia de la Comunidad Autónoma correspondiente.
Al Juzgado que corresponda.
Al Ministerio Fiscal.
Al Ministerio de Justicia.

La Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia obliga a que se lleve un seguimiento y evaluación permanente del desarrollo y cumplimiento de la misma, que será llevado a cabo por:

El Ministerio de Justicia.
El Gobierno.
El Congreso de los Diputados.
El Consejo General del Poder Judicial.

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